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Miles de Jóvenes y Estudiantes peruanos rechazan ley de trabajo

Por Cesar Uco y Armando Cruz

Miles de jóvenes estudiantes y trabajadores se manifestaron el jueves 18 de diciembre contra la nueva "Ley de Trabajo Juvenil" (LTJ) del gobierno del nacionalista Ollanta Humala. Miles más protestaron el lunes 22 de diciembre. So pretexto de fomentar el empleo juvenil la ley representa un ataque contra toda la clase obrera y una redistribución más de lucro para las grandes empresas.

La LTJ, aprobada en noviembre, por una coalición de legisladores del Partido Nacionalista del Presidente Ollanta Humala y el Partido Fujimorista (derechista) forma parte de otro llamado "paquetazo económico" que supuestamente revivirá la economía peruana luego de que, después de años de crecimiento sostenido, entra en una visible desaceleración. El diario El Comercio anunció que las proyecciones del PBI disminuyeron este año del 6 por ciento en enero a sólo 2.6 por ciento en noviembre.

La respuesta neo liberal del gobierno de Humala ha sido de fomentar los negocios reduciendo costos y “flexibilizando” leyes que protegen al medio ambiente. La LTJ sigue a otra ley que limita las funciones del Ministerio del Ambiente y facilita el acceso a explotar ecosistemas previamente protegidos. Todo se sacrifica por el lucro de las empresas (mineras, de manufactura, y financieras).

La nueva ley incentivaría (dice el gobierno) a que las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas, contraten más fácilmente a jóvenes que ahora trabajan para el denominado sector informal (que opera fuera del control del gobierno).

Dejando a un lado actividades criminales, este sector incluye a los que trabajan en las minas informales, empleados domésticos, estibadores de mercados de abasto, trabajadores de la basura, y artesanos y vendedores cuentapropistas (muchos de ellos, niños).

Otros miles de obreros, en la economía “formal” están sujetos a contratos de contingencia, a sueldos de hambre; algo típico en la industria textil y en otras maquiladoras ligadas a las exportaciones.

Si bien el crecimiento del trabajo precario es un fenómeno global, en Perú domina. Se estima 74 por ciento de la población económicamente activa (PEA) [y 9 de cada 10 jóvenes] trabaja en la informalidad. En verdad, ese y otros tipos de regimenes especiales de “flexibilización laboral,” han sido alentados por todos los gobiernos peruanos desde el primer gobierno de Alan García Pérez del supuestamente populista APRA (1985-1990) [cuando la informalidad creció tremendamente].

La parte de la nueva ley que ha causado gran controversia es la que recorta beneficios laborales para rebajar el costo de la mano de obra. Los jóvenes entre la edad de dieciocho y veinticuatro años no tendrán derechos de compensación por tiempo de servicios (en caso de perder el empleo), seguro de vida, bonos familiares, o el mismo derecho de vacaciones.

Los defensores de la nueva ley en el gobierno cínicamente afirman que los jóvenes trabajadores a los cuales se les recorta los susodichos beneficios de todas formas no iban a obtenerlos. Martha Chávez, congresista fujimorista (de extrema derecha) y presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, dijo que si "[los jóvenes] no tienen nada, ¿qué les estoy recortando?".

Por su parte, el propio Humala, defiende la LTJ por ser "realista". Humala, quien fue elegido en gran parte por su falsa oposición al modelo neoliberal, ha virado tanto hacia la derecha que partidos de la oposición derechista logran algo de credibilidad política atacando sus políticas abiertamente proempresariales.

Muchos analistas políticos e incluso la Organización Internacional del Trabajo insisten que la nueva ley no solucionará el desempleo en negro y de que más bien es otro "subsidio" del gobierno a las grandes empresas. Se predice que éstas despedirán a trabajadores más viejos para contratar a jóvenes bajo la LTJ y así reducir sus costos.

Aunque se alega que la ley beneficiaría a pequeñas y medianas empresas, el lucro sería enorme para las grandes empresas con muchos trabajadores.

El diario liberal burgués La República explica como se favorecían esas empresas: “Un joven contratado con sueldo mínimo bajo la nueva ley ahorra al empleador S/. 2,250 al año [US$ 190], monto que, multiplicado por los 3 años que fija la norma como plazo máximo de contratación, suma 6.750 soles [US$ 2,370”] por joven. Como las empresas pueden tener bajo esta modalidad –según la nueva ley, a un 25 por ciento de su planilla, el beneficio que supone para empresarios del sector comercio, servicios y manufactura es evidente.”

No sólo en Lima se registraron protestas, sino también en otras principales ciudades como Arequipa, Trujillo y Cusco. La protesta del jueves 18 en Lima tenía como objetivo dirigirse al Congreso de la República y al Palacio del Gobierno, sede del poder ejecutivo. Pero las calles fueron bloqueadas y los miles de jóvenes, y partidarios de colectivos y de partidos de izquierda, concentrados en la Plaza San Martín se vieron obligados desviarse por la larga Avenida Arequipa; pasando frente a la sede del gobernante Partido Nacionalista.

Parece que hubo allí una pelea y la policía disparó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, que se esparcieron en todas las direcciones por los distritos de clase alta de San Isidro y Miraflores. Hubo una docena de detenidos y denuncias de que un joven había sido atropellado por un auto policial que, acto seguido, se dio a la fuga.

El WSWS habló con varios manifestantes: José, un estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, considera injusto el recorte de beneficios y señaló la injusticia de que los congresistas posean el privilegio del beneficio de gratificación por tener hijos cuando muchos de sus hijos ya son mayores de edad. Franco, estudiante de arte que trabaja como ilustrador, afirma que trabaja por su cuenta porque las empresas actualmente no otorgan beneficios “desde que comienzas, sino que luego de muchos meses e incluso sólo para pagarte un sueldo mínimo en horarios de más de 9 horas”. También se quejaba de que las empresas son las que se beneficiarán con la nueva ley ya que obtendrán “una mano de obra baratísima”. Félix, un estudiante de derecho, declaró que protestaba para que prevalezca el “derecho a la igualdad en el trabajo”. También denunció que los recortes sólo beneficiarían a las empresas.

El día lunes otra protesta fue convocada. Esta vez el ministro del interior Daniel Urresti declaró unas "advertencias" y "recomendaciones" para todos los que fueran a protestar que ascendían a una clara amenaza de represión: los manifestantes debían presentar su carné de identificación (DNI), no usar pañoletes (una leve protección para el gas lacrimógeno), capuchas, mochilas, ni traer botellas de vidrio. Urresti afirmó que estas medidas eran necesarias para detectar delincuentes, o "infiltrados" de Sendero Luminoso (un movimiento guerrillero maoísta que ya no existe) o del MOVADEF, el partido político descendiente de Sendero Luminoso que no cuenta con ningún apoyo entre los jóvenes.

Que el ministro del interior pida identificación para asistir a una manifestación pública va contra la libertad de reunión y expresión. Si bien la primera ministra Ana Jara inmediatamente declaró que pedir el DNI era inconstitucional, lo que le preocupa al gobierno es que hay en juego mucho dinero de inversores y necesita mostrar que tiene bajo control los numerosos los conflictos sociales que se dan en todo el país.

Las protestas juveniles representan el inicio de una oposición al gobierno abiertamente derechista de Humala a quien se le acabaron los años dorados basados en exportación de minerales, principalmente a China, y ahora obliga a que el pueblo pague la desaceleración de la economía y los sueldos multimillonarios de los banqueros y empresarios, y transfiera a accionistas y especuladores peruanos y de todo el mundo una mayor tajada la riquezas que genera la clase trabajadora.

El lunes 22 se juntó a la manifestación la Red Solidaria de Trabajadores del Perú, integrada por sindicatos independientes de sectores como el comercio, agro y textil, sindicatos que durante décadas han aceptado la informalidad en sus industrias.

La Confederación General de Trabajadores Peruanos (estalinista) también dio su apoyo a las protestas, pero sólo para encauzarlas a colaborar con el gobierno. "Estamos elaborando una demanda de inconstitucionalidad porque consideramos que es un régimen discriminatorio", señaló César Soberón, secretario de la juventud trabajadora de la CGTP.

Significativamente, el mismo veintidós de diciembre en que miles marchaban en las calles de Lima, Mario Huamán, secretario general de la CGTP, enviaba sus felicitaciones al presidente cubano Raúl Castro (por su acuerdo con el gobierno estadounidense) cuyo gobierno sigue imponiendo sobre el proletariado y la juventud de Cuba medidas de flexibilización, informalidad, cuentapropismo y trabajo por contingencia (al igual que la clase de poder peruana) en beneficio del capitalismo mundial.

Digan lo que digan, todas estas fuerzas, APRA, sindicatos independientes, y la CGTP, todos conspiran con Humala para frenar las protestas populares contra la LTJ y mantener a la juventud encadenada al capitalismo. Los estudiantes y la juventud obrera, codo a codo con el proletariado peruano y mundial, deben tomar el camino de la independencia política y la lucha por el socialismo.

Perú se enfrenta a una amenaza de burbuja inmobiliaria

El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) publicó el mes pasado que los precios de las propiedades en el país han aumentado más rápidamente que en cualquier otra parte del mundo, un gigantesco 121 por ciento entre 2008 y 2012, ampliamente superando a Londres (35 por ciento), Hong Kong (61 por ciento), china (64 por ciento) y Brasil (90 por ciento).

La diferencia entre el Perú y los demás países que han visto los precios inmobiliarios subir fuertemente es que el Perú fue una de las pocas economías nacionales que surgió prácticamente ilesa de la crisis financiera mundial que estalló en 2008.

Las políticas del presidente Ollanta Humala – y su predecesor el aprista García Alan – de acceder a los pedidos de los inversores extranjeros – hizo de Perú uno de los pocos países que inicialmente se beneficiaron de la crisis. Al calificar al Perú como un lugar atractivo y seguro para invertir, fueron capaces de atraer dinero extranjero que huía de las naciones afectadas por la crisis. Al mismo tiempo, la economía del país se benefició de las exportaciones mineras, con China como socio principal. Para ello, Humala desechó rápidamente las promesas de mínimas reformas de su programa de "inclusión social", lo que le ganó la presidencia con el 80 por ciento de los votos en las zonas más pobres del país.

Durante varios años ya, el rubro construcción, junto al minero y bancario, además de nuevos sectores emergentes como el comercio y la agroindustria, ha desempeñado un papel destacado en el aumento de la renta familiar promedio de millones por encima de los niveles de pobreza extrema.

Sin embargo, desarrollos económicos recientes han demostrado que el Perú no es inmune a la crisis mundial capitalista. La economía este año se está desacelerando, lo que afecta a todos los sectores.

Con la economía mundial enfrentándose a nuevas contracciones, el aumento del PBI de Perú en los últimos años puede erosionarse rápidamente volviendo a millones de peruanos a las condiciones de extrema pobreza.

El principal factor detrás de la demanda de vivienda es el surgimiento de una nueva emergente clase media y empresarios – sectores de la población no vinculada a la burguesía tradicional.

Las fortunas de los nuevos empresarios en general son bastante frágiles. Ellos dependen de la posición del Perú como un país exportador de minerales y con la desaceleración China, sus perspectivas pueden esfumarse rápidamente.

De acuerdo con las normas de EE.UU., las "burbujas inmobiliarias", publica el sitio web SEMANAeconomica.com, “suelen medirse por el ratio precio/alquiler. Este indicador muestra el número de años que tendría que alquilarse un inmueble para recuperar el valor de compra. Generalmente cuando hay una burbuja, este ratio suele ser superior a 25. En Lima esta cifra llega a 16 según el Banco Central de Reserva (BCR). Pero en todos los distritos de lima – pobres y afluentes – el ratio ha aumentado.”

El ratio de 25, obviamente, es una cifra utilizada para medir una burbuja inmobiliaria en países desarrollados como los EE.UU. y los grandes de la Unión Europea.

Contradiciendo tal análisis, SEMANAeconomica.com escribe: “El analista económico Ricardo Lago, sostiene que el ratio precios/alquileres no debería centrarse en la cifra de 25. En declaraciones al diario peruano Correo, señaló que en el caso de un activo poco líquido como una vivienda, el ratio debería bordear 12, con lo cual ya habría burbuja económica en una gran parte de los distritos de Lima.”

Este argumento es mucho más fuerte que la simple comparación de precios en diferentes ciudades de América Latina. De acuerdo con Scotiabank-Perú, “hasta el momento el Perú tiene uno de los menores precios por metro cuadrado (m2) construido respecto a otros países en la región. En Perú es US$1,810 por m2, mientras que en países como Brasil supera los US$3,700, en Argentina y Chile los US$2,800 y en Colombia, los US$2,300.”

A medida que la demanda del sector A – el sector más rico – está casi satisfecha, los bancos han dirigido su atención a los sectores D y E – los más pobres y más vulnerables. Uno sólo puede preguntarse cuáles serán los tipos de interés hipotecarios para los sectores más frágiles de la población. Como punto de referencia, las tasas efectivas anuales de tarjetas de crédito superan el 100 por ciento en Perú.

El propósito del artículo de SEMANAeconomica.com es advertir a los capitalistas, y especialmente a los bancos, que en Perú puede estallar la burbuja inmobiliaria y sirve para exigir que Humala promulgue políticas antes de que colapse la burbuja. En efecto, los bancos ya han comenzado a restringir el crédito hipotecario.

SEMANAeconomica.com dice que “en el Perú más bien los créditos hipotecarios se están desacelerando. Entre agosto del 2014 y agosto del 2013, el stock de préstamos para vivienda creció en 13 por ciento, cuando entre el 2013 y 2012, crecieron en 24 por ciento. Sin embargo, el 90 por ciento de los créditos se destina a financiar una primera vivienda, por lo que no habría mayor riesgo de especulación. La dolarización en los créditos es de 41 por ciento.”

Además de la subida de los precios de materiales de construcción, Scotiabank advierte que “está el aumento de la morosidad bancaria hipotecaria: entre agosto del 2014 y el 2013 los créditos atrasados aumentaron 55 por ciento.”

Un aspecto importante del auge de la vivienda y su desaceleración que no fue mencionado por SEMANAeconomica.com es la forma en la que ha alimentado la corrupción en los sindicatos de la construcción. Con la desaceleración, sindicatos rivales, la CTP aprista y la CGTP estalinistas, compiten aún más ferozmente por nuevos proyectos. Con el fin de ganar el derecho a actuar como contratistas de mano de obra, no se detienen ante nada. Los diarios han informado ampliamente que ambos sindicatos contratan sicarios para deshacerse de la competencia. Hasta el momento, más de una docena de dirigentes sindicales han sido asesinados este año.

Elecciones municipales en Perú: un debacle para la "izquierda"

Por Armando Cruz

Los partidos peruanos de pseudo izquierda sufrieron una abrumadora derrota en las elecciones municipales celebradas a comienzos de mes.

El candidato de derecha Luis Castañeda, previamente dos veces alcalde de Lima, arrasó con el puesto de la capital peruana en las elecciones del 5 de octubre en que se escogieron alcaldes y presidentes regionales en todo el país.

La gran perdedora de la contienda fue la saliente alcaldesa de Lima, Susana Villarán, la más visible figura de los partidos de "izquierda", quién recibió tan sólo 10 por ciento del voto. El puesto de alcalde de Lima es considerado el segundo más poderoso del país.

Villarán, una figura relativamente nueva y producto del radicalismo clase media de los sesenta, fue catapultada a la alcaldía en el 2010 como parte de una expresión distorsionada de rechazo popular de los partidos tradicionales.

Sin embargo, durante los últimos cuatro años, Villarán desechó su imagen reformista y promovió los enormes intereses empresariales de la ciudad, incluyendo las de las gigantescas multinacionales brasileñas Odebrecht y OAS, los cuales enviaron apoyo y personal del gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil como "consejeros" de la campaña de Villarán.

En una contienda de 13 candidatos para la alcaldía de Lima, Castañeda obtuvo un inaudito y abrumador 50 por ciento del voto y su partido Solidaridad Nacional (SN) ganó la alcaldía de varios distritos en la capital y un buen número de regidores en el ayuntamiento de Lima. Afuera de Lima, SN no consiguió ninguna victoria de importancia.

Castañeda ganó a pesar de que durante la campaña surgieron nuevas revelaciones con respecto al escándalo de lavado de dinero y malversación de fondos conocido como "Comunicore", en el cual es uno de los principales sospechosos.

La mayoría de sus votantes vinieron de los distritos más pobres de Lima, las favelas conocidas como "pueblos jóvenes" en dónde en su último período Castañeda lanzó una serie de obras públicas como escaleras en cerros, parques y hospitales. Por esto obtuvo el mote del alcalde que "roba pero hace obra".

El voto por los llamados "partidos nacionales" (APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y los fujimoristas de Fuerza Popular) también fue bastante bajo.

La prensa peruana describe las elecciones como un colapso general de apoyo por los partidos establecidos y un surgimiento -o solidificación- en el apoyo de los llamados movimientos regionales. Estos son movimientos improvisados sin una perspectiva a largo plazo que intentan imponer el regionalismo y se encuentran centrados -no en pocos casos- en un caudillo regional o en una propuesta local.

En muchas provincias, los analistas señalaron al incremento de los llamados "poderes alternos". Carteles mafiosos de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal entre otros, que prosperan en sus respectivas zonas y usan a candidatos como títeres para asegurar que sus negocios progresen bajo su gobierno.

Luego de las elecciones, 129 confrontaciones violentas fueron registradas por todo el país entre turbas de partidarios de éste u otro candidato por sospechas de corrupción o fraude electoral. Estos enfrentamientos dejaron por lo menos tres personas muertas. El surgimiento de esta clase de violencia está probablemente vinculado a la incrementada influencia política de estas organizaciones criminales.

Cabe señalar que antes de las elecciones, docenas de candidatos habían sido acusados de estar involucrados en actividades criminales que van desde corrupción a terrorismo e incluso violación sexual.

Un caso importante es el de Gregorio Santos, quién fue reelegido presidente de la región norteña de Cajamarca. Santos, el principal promotor de las movilizaciones masivas contra las amenazas medioambientales planteadas por el proyecto minero peruano-estadounidense Conga, se encuentra en la cárcel por meses mientras espera juicio por indicios de corrupción. A pesar de su admisión de culpa, su victoria fue halagada por la pseudo-izquierda como un "triunfo" para el pueblo de Cajamarca y de la lucha en la defensa del medioambiente.

Ninguno de los principales candidatos realizó alguna propuesta seria para mejorar las condiciones de vida de la mayoría o erradicar los urgentes problemas en la sociedad peruana; algo destacable dada las enormes sumas gastadas en cualquier tipo de propaganda a nivel nacional.

La permanente pobreza en masa, la falta de servicios básicos para millones de personas, la continua destrucción de los derechos laborales, la corrupción, la puesta en peligro del medio ambiente y la posible privatización del agua y la salud pública dieron paso para que los temas de la inseguridad y la lucha contra el crimen sean presentados por la mayoría de candidatos como los principales problemas que afronta la nación.

Esto está en línea con la semi-histérica presentación del Perú por parte los medios como una nación amenazada por altas tasas de criminalidad y violencia, ignorando los verdaderos problemas urgentes de la sociedad -la pobreza y la desigualdad- y la demanda de que se apliquen medidas de seguridad interna. La tasa de criminalidad de Perú está, en realidad, muy por debajo de las de otras naciones de la región como Venezuela y Colombia.

En años recientes el crecimiento económico de Perú ha sido uno de los más altos de la región. Sin embargo, esto no se ha traducido en ningún incremento considerable en las condiciones de vida de la mayoría de la población.

El salario mínimo mensual es S/.750 o $283, uno de los más bajos de la región. Ocho de cada diez trabajadores no tiene ningún tipo de beneficios, vacaciones o compensación por despido y son parte de lo que se conoce como la "economía informal" de las medianas y pequeñas empresas. Desde 1991, el ingreso de los trabajadores ha sido reducido a la mitad del PBI del país.

En Lima, millones de residentes de los pueblos jóvenes, localizados en la periferia de la ciudad, residen en casas de madera, adobe y estera y se ven obligados a comprar agua a un precio mucho más alto que en las zonas urbanas. El gobierno del Presidente Ollanta Humala ha propuesto privatizar parcialmente el agua, lo que llevaría a precios aún más altos.

Villarán y el resto de candidatos son cómplices en la perpetuación de estas condiciones y su elección habría sin duda alguna significado una continuación estas mismas políticas que ellos crearon.

El populista de derecha Castañeda fue capaz de llenar el vació dejado por el colapso en apoyo a Villarán, quién intentó sin éxito presentarse a sí misma como la candidata de la "honestidad" en contraste con el corrupto Castañeda. Sin embargo, la verdadera razón del debacle de la "izquierda" peruana se encuentra en transformaciones sociales que van más allá que los fracasos individuales.

Los programas reformistas nacionales que estas organizaciones políticas y sindicales plantearon en un período anterior se han vuelto obsoletos bajo las condiciones en las que la economía peruana ha sido completamente integrada y subordinada al capitalismo global, el cual domina al país por medio de empresas mineras y los mercados financieros. Al mismo tiempo, un estrato considerable de clase media que una vez se identificó como "izquierdista" ha visto a sus propios ingresos subir por medio de este proceso, incluso cuando la explotación y la opresión de la clase trabajadora y las masas del campo ha sido profundizado.

Villarán y el llamado Frente Amplio de Izquierda -que agrupa a la mayoría de partidos de "izquierda" en Perú- son sólo capaces de realizar vagos llamados a la reforma sin proponer ninguna lucha o movilización para alcanzarlos, mientras que en la práctica ellos se alinean y sirven a poderosos bloques empresariales y financieros, y subordinan los intereses del pueblo trabajador al lucro capitalista.

La clase trabajadora peruana no puede encontrar ninguna salida a todo esto a menos que forje su independencia política basada en un programa socialista e internacionalista por la transformación revolucionaria de la sociedad.

Wall Street aplaude las "reformas" económicas del Perú

Por Cesar Uco y Armando Cruz

Con gran entusiasmo El Comercio – el diario más representativo de la burguesía peruana – anunció la semana pasada que Moody’s, la agencia de calificación crediticia de Wall Street, había mejorado la calificación de la deuda del Perú por dos peldaños a un nivel de grado de inversión A3. Esto coloca a Perú a la altura de México y por delante de Colombia, Argentina y Brasil, países con economías más grandes y más diversificadas. Está sólo detrás de Chile en la región latinoamericana.

Según el diario, "la decisión de Moody’s se basa en el fortalecimiento de las cuentas fiscales y las proyecciones que el PIB aumentará." Por otra parte, Moody le asigna a Perú una calificación de "estable".

El catalizador de la decisión de Moody’s fue la aprobación por el Congreso de la República de las nuevas medidas económicas destinadas a promover las inversiones y favorecer a las empresas privadas mediante la relajación de las leyes de protección del medio ambiente y el perdón de miles de millones de dólares en impuestos que éstas debían.

El paquete de las nuevas medidas económicas fue presentado por el gobierno del presidente Ollanta Humala como medida para luchar contra la desaceleración económica. El Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, un ex funcionario del Banco Mundial y el hombre de Wall Street en el gabinete peruano, dijo que el gobierno tiene previsto hacer permanente los recortes de impuestos (que perdona siete mil trescientos millones de dólares, veinte mil millones de soles, con el argumento de que la tasa impositiva es demasiado alta para la actual etapa de desarrollo del país).

En su sección Portafolio, escrito para los empresarios, El Comercio, añade: "A pesar de la desaceleración cíclica de la actividad económica y la caída de los precios de los productos básicos, la diversificación de los ingresos fiscales ha contribuido a fortalecer la salud fiscal del país."

El economista principal Hugo Perea del banco español BBVA, con una gran presencia en Perú, defendió la perspectiva de Moody’s, diciendo que "la desaceleración actual de la economía no es a largo plazo," sino más bien "un problema pasajero”.

No hay nada "cíclico" o "pasajero" en la desaceleración económica del Perú. Las cifras citadas por Moody’s y analistas de los bancos son demasiado optimistas y van en contra de la desaceleración económica a largo plazo del capitalismo mundial.

Moody’s estima un crecimiento del 6 por ciento para 2015-2016, y espera que alcance el 5 por ciento a finales de este año. Hace apenas una semana, el gobierno de Humala había bajado sus proyecciones del PIB de 4.76 por ciento para el 2014, por debajo de la estimación original de 5.5 por ciento.

Ni precios más bajos de las exportaciones de minerales, ni los menores volúmenes de exportación a China, pueden ser controlados por futuros paquetes económicos.

Otra faceta de las llamadas "reformas" es la Ley de Seguridad y Salud Laboral, cuyo fin es reducir los costos empresariales.

Hubo una oposición significativa al paquete económico por parte de un miembro del gabinete y organizaciones internacionales. El ministro de Medio Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra del proyecto de ley, ya que contiene propuestas de medidas "flexibles" del medio ambiente que han alarmado a los activistas ambientales e incluso a las Naciones Unidas.

En una entrevista en la televisión estatal Pulgar-Vidal reconoció que hay un "sector empresarial" que tiene influencia en el gobierno y quiere "debilitar a la oficina de certificación, evaluación y auditoría ambiental; repudiar normas y requisitos ambientales", entre otros objetivos proempresariales.

Hace un mes, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, comentó cínicamente que desde su creación el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha funcionado como un "freno" para las inversiones. "Los inversionistas no vienen a Perú para realizar operaciones, sino para resolver problemas (burocráticos)," dijo Mayorga en una conferencia sobre la exploración minera.

En la entrevista televisiva, Pulgar-Vidal dijo que los grupos que presionan a favor de la minera Yanacocha (una empresa de la compañía peruana Buenaventura y Newmont Mining con sede en EE.UU.) han tratado de presentar proyectos de ley para debilitar la Evaluación de Organización y Control Ambiental de la oficina (OEFA). Yanacocha, cuyo proyecto Conga de US$ 5,000 millones en la región de Cajamarca fue paralizado por las movilizaciones populares contra la amenaza ambiental, es la segunda empresa más penalizada por OEFA.

En un comunicado conjunto, casi un centenar de organizaciones no gubernamentales, las organizaciones ambientalistas y funcionarios regionales expresaron su oposición a las nuevas medidas. "El debilitamiento de las normas institucionales y ambientales pondrá en peligro el medio ambiente y crearán un conflicto social", dijo Pulgar-Vidal.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, llamó a una protesta a finales de junio en contra de las nuevas medidas económicas que estaba preparando el gobierno de Humala. Ella acusó al Gobierno de querer "repetir las 40 muertes en conflictos sociales", refiriéndose a la masacre de 2009 de manifestantes indígenas que intentaban bloquear la exploración de energía en la provincia amazónica de Bagua.

La medida de Moody’s representa un elogio al gobierno de Humala y da mano libre al capital extranjero en la explotación de los recursos naturales del Perú sin tener en cuenta el impacto ambiental. Una vez más, la agencia de calificación actúa al servicio del imperialismo norteamericano.

Durante la burbuja hipotecaria en EE.UU., Moody’s y otras agencias de calificación estamparon descaradamente como triple-A la deuda hipotecaria que ellos sabían que a largo plazo era basura. Y después de la debacle financiera, en el otoño de 2008, siguieron el mandato de Wall Street al rebajar la calificación de la deuda del gobierno de los EE.UU. con el fin de aumentar la presión para mantener las tasas de interés bajas, suministrando así préstamos baratos para seguir especulando en los mercados financieros a costa de un elevado desempleo y los bajos salarios.

Sin embargo, la reacción de algunos sectores de Wall Street ha sido prudente. El diario Gestión informa que "el riesgo país de Perú subió dos puntos básicos a 1.46 puntos porcentuales ayer (ajustado tras el cierre) a 1.48 puntos de hoy, según el EMBI + Perú calculado por el banco de inversión JP Morgan." A pesar de la mejora de crédito, Wall Street quiere asegurarse de que no habrá retirada a las "reformas" del gobierno peruano.

La evaluación por parte de JP Morgan sugiere que el capital financiero no está totalmente ciego a los enormes problemas socioeconómicos que pueden explotar en cualquier momento en Perú.

Trabajadores de la salud pública se enfrentan a la policía antidisturbios en el Perú

Por César Uco

Empleados del sector salud en Perú bloquearon el viernes pasado la Av. Javier Prado, principal arteria de Lima que une los lados este y oeste de la ciudad, enfrentándose con la policía antidisturbios en el marco de una huelga nacional de 48 horas convocada el día anterior. La manifestación fue organizada frente al Hotel Westin, donde la Ministro de Salud, Midora de Habich, estaba participando en un evento internacional.

La Federación Médica del Perú llamó a la huelga en protesta contra el incumplimiento por parte del Ministerio de Salud de pagar las bonificaciones acordadas al final de una huelga anterior.

El presidente de la Federación Médica del Perú Jesús Bonilla informó que la huelga contó con el apoyo de 24 federaciones regionales y los 45 cuerpos médicos de Lima, así como el respaldo de la Federación de Enfermeras y la Unión de Trabajadores de Química y Farmacéutica. Si no se cumplen las demandas de los médicos, advirtió, un paro nacional indefinido será llamado.

Los dos hospitales en el puerto norteño de Chimbote permanecieron cerrados después del segundo día de la huelga.

En la ciudad de Chiclayo en la costa norte el personal médico organizó un paro de una hora. Se informó que la acción fue respaldada por los pacientes que se quejaban de que con frecuencia no pueden obtener la atención necesaria debido a la falta de medicamentos o equipos médicos.

En el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, ubicado en la Amazonía, el personal médico se declaró en huelga, pero aseguró la atención sólo de los casos de emergencia.

Durante los últimos dos años, los trabajadores peruanos en el sector público han estado llevando a cabo marchas y huelgas en todo el país contra el gobierno del presidente Ollanta Humala. Elegido en 2011 sobre la base de promesas de reducir la drástica desigualdad social del Perú, tan pronto como Humala asumió el cargo acomodó sus políticas a las exigencias de los inversionistas extranjeros quienes exigen mayores márgenes de ganancia y una reducción en el gasto público.

Perú tiene uno de los salarios más bajos de América Latina. El salario mínimo mensual es de sólo 750 soles, equivalentes a US$ 268.

César Palomino, el decano del Colegio Médico del Perú, se quejó de que el presidente Humala recientemente duplicó el salario de sus ministros a 30,000 soles al mes (más de US$ 10,000). "No es justo que un médico reciba 60 soles (US$ 22) por guardia [por lo menos 8 horas]", dijo. Palomino agregó que los médicos del Ministerio de Salud ganan US$ 1,000 por mes, y están que entre los peor pagados en América Latina. Ellos están exigiendo un aumento de sueldo equivalente entre US$ 2,500 dólares EE.UU. y US$ 3,500 dólares, de acuerdo a experiencia.

Otros sectores que se encuentran en huelga o amenazado con irse a la huelga contra los salarios de pobreza y las duras condiciones de trabajo son los maestros, los empleados del Poder Judicial y la Policía Nacional.

Desde el momento en que la dirección del sindicato se comprometió a colaborar con la reforma propuesta por el gobierno para el sector de la salud, la lucha de los trabajadores de la salud se ha estrellado contra una pared de ladrillos. El propósito de la "reforma" es privatizar los hospitales y maximizar la explotación de los trabajadores. Durante las huelgas en los últimos dos años, el Ministerio de Salud del Perú ha estado reemplazando a los huelguistas con personal “amarillos”, proporcionados por agencias de empleo; la famosa “tercerización” del empleo.

La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social emitió un folleto titulado "La reforma de la atención de salud es la privatización", llamando el programa del gobierno "una extensión del modelo neoliberal impuesto en la década de 1990 que ha fracasado tan mal en diferentes países."

La semana pasada, Humala se encontraba de visita oficial a Israel, para promover inversiones en el Perú. Él sabe que su éxito en atraer capital multinacional depende del control y represión de la agitación social. Como prueba de su lealtad al capital, en el pasado declaró ilegal la huelga de los médicos y maestros.

Propulsado por las exportaciones mineras a China, según el Banco Mundial, el PIB de Perú creció a un sorprendente ritmo de 53 por ciento en siete años entre 2007 y 2013.

En un informe reciente, el Banco Mundial señaló: "El Perú es una de las economías de mejor desempeño en América Latina y la nueva Alianza Estratégica de Países, entre el Perú y el Banco Mundial se centra en apoyar las prioridades nacionales, mejorar la equidad mediante servicios sociales, infraestructura y competitividad”.

En otras palabras, existen amplios recursos para satisfacer las demandas de los trabajadores de la salud, así como todos los otros empleados del sector público. Pero el sello de aprobación económica no está diseñado con este propósito, sino más bien para apoyar la agenda de Humala de satisfacer a los inversionistas extranjeros, cuya única preocupación es saquear los recursos naturales del Perú y explotar su mal pagada fuerza de trabajo.